¿AUTONOMÍAS? ¿FEDERALISMO? ¿SEPARATISMO? LA POSICION DE LA CTC ANTE EL PROBLEMA CREADO

por Carlos Ibáñez Quintana
Secretario de programas de la Comunión Tradicionalista Carlista


La unidad de España es algo real, que viene dado por la naturaleza. Es anterior a los Reyes Católicos, artífices de la fusión de las dinastías reinantes. Pero España ya preexistía.

A la situación actual hemos llegado por culpa del liberalismo, que todo lo imagina, todo lo sueña y todo lo discute. Que rompe toda clase de vínculos y da lugar a los proyectos más absurdos como la división de España.

La Fe en el mismo Dios y la lealtad al mismo Rey fueron en España elementos fundamentales para la unidad. Actualmente ambos elementos han sido eliminados de la vida pública. No es extraño que el separatismo haya tomado incremento.

Para resolver los problemas que hoy se discuten hemos de prescindir de la palabra soberanía. Este término fue introducido en el lenguaje político por un jurista francés de religión calvinista, en el siglo XVI. Significa un poder supremo que no admite otro superior. En un principio la soberanía fue atribuida a los reyes y, con la Revolución francesa, a los pueblos.

Parejo a la soberanía es el término nación: “dueña absoluta de sus destinos”, desde la Revolución francesa.

Soberanía y nación son entes imaginarios, que una gran mayoría admite como reales y dan lugar a toda clase de conflictos. Por encima de todo poder está Dios. Al proclamarlo no hacemos una declaración de Fe sino que recordamos una realidad. Ante Dios nada ni nadie puede ser dueño absoluto de sus destinos. Y nadie ha sido capaz de dar una definición de nación que los carlistas consideramos el concepto más difuso del Derecho Político.

La centralización en el Estado de todas las funciones es una consecuencia de los principios de la Revolución, contra los que los carlistas hemos combatido.

La forma de Estado que proponemos se acerca más a la de los estados federales que al unitario que nos impuso el liberalismo. Pero se diferencia del Estado federal que algunos propugnan, en que no nace de una constitución de circunstancias sino que se basa en la España tradicional, cuya vida política fue truncada por la revolución.

Es indispensable que el Estado devuelva a la sociedad todas las funciones que ha usurpado.
Las actuales autonomías y estatutos no sirven al fin que nos proponemos. No son más que reproducciones a escala regional del estado centralista que hay que eliminar.

Destruir es fácil y construir es difícil o al menos requiere un tiempo. La revolución destruyó instituciones y construyó apariencias. La reconstrucción de esa sociedad libre que defendemos no se hace en dos días ni a golpe de decretos.

Se puede comenzar por los ayuntamientos que rigen municipios que son los organismos primarios de la sociedad. La variedad de ayuntamientos no permite establecer una norma uniforme para todos. En la vida municipal se resuelven la mayoría de los problemas de la convivencia. Por su tamaño muchos ayuntamientos podrán resolver tales problemas. Pero otros muchos no serán capaces de ello y tendrán que recurrir a las Diputaciones. Las administraciones forales vigentes en Vascongadas y Navarra hasta 1876, pueden servir como ejemplo.

Otros asuntos serán objeto de una solución regional. Por eso propugnamos la existencia de cortes y diputaciones regionales. La descentralización que propugnamos va encaminada a dotar a los cuerpos intermedios de capacidad para resolver sus problemas. Hay que terminar con esta mentalidad, consecuencia de casi dos siglos de centralismo, que cuando surge un problema siempre recurre al gobierno en vez de tomar la iniciativa para resolverlo.

Pero en todo caso, ayuntamientos, juntas y cortes prescindirán del revolucionario concepto de soberanía y los sustituirán por el derecho de decidir en aquellos problemas que son capaces de resolver. Siempre con la vista puesta en hacer y unir. Al contrario de lo que ocurre ahora que todo va a exaltar una identidad que les diferencie de los demás.

Juntas y cortes se convocarán con fines definidos. Los componentes de las mismas representarán a cuerpos de la sociedad y estarán sometidos al “mandato imperativo” de sus representados. Sus reuniones durarán el tiempo preciso para resolver los problemas y sus componentes serán remunerados por sus representados.

Ello requerirá tiempo. Pero hay que comenzar ya. Porque no es admisible vivir en este caos a que nos ha llevado la Revolución que se reimplantó en 1978.

No creemos que esta situación termine con la destrucción de España. Pero sí en una caos en el que estamos ya inmersos y que reflejan los medios de comunicación en cuyos noticiarios la mayor parte del espacio viene ocupado por conflictos y enfrentamientos.