Los conciertos económicos: ¿privilegios?

por Carlos Ibáñez Quintana

Los conciertos económicos, vigentes en Navarra y en las Vascongadas, constituyen un privilegio porque sólo en dichas regiones están vigentes. Ese privilegio da lugar a que determinados servicios funcionen mejor. Las Vascongadas y Navarra disfrutan de unas ventajas que no tienen las demás autonomías. Pero ello no da lugar a un agravio comparativo.

Al amparo de su régimen foral las Vascongadas y Navarra disfrutaban de una administración local mejor que el resto de España. Eso en el siglo XIX. Don Carlos VII en su carta manifiesto a su Hermano, se manifestaba partidario de que semejante situación se hiciera extensiva a toda España.

Por el mismo tiempo Cánovas del Castillo manifestaba su admiración por lo mismo y se mostraba partidario de implantar tal régimen en toda España.

No es que los vascos y los navarros no pagasen impuestos. Hacían obras públicas; atendían muchos servicios. Eso exigía dinero. Pagaban impuestos. La ventaja estaba en que ellos mismos los administraban.

Cuando Cánovas suprime los Fueros vascongados, concede a las Provincias los conciertos económicos. En su virtud, las diputaciones contribuían con un cupo a la hacienda estatal y con el resto atendían a sus necesidades. El conceder tal privilegio lo vemos como una concesión al sentido común. Si los vascongados se administraban bien, lo lógico es que se les permitiera seguir haciéndolo. Mantener lo bueno es la misión del gobernante. Con la aportación del cupo contribuían a los gastos generales.

Con los concierto los vascongados pagaban menos que el resto de los españoles y tenían mejores servicios. Pero era porque lo administraban mejor.

El General Mola quedó estupefacto cuando la Diputación de Navarra le entregó un talón de quince millones de pesetas. La confesó a su Secretario: “Esta administración foral, en la que el Presidente de la Diputación se preocupa de apagar las luces a la vez que se puede permitir hacer un donativo de tal importancia, es lo que hay que imponer en toda España”.

Por el mismo tiempo Indalecio Prieto reprochaba en carta a José Antonio de Aguirre la monstruosa administración que estaban montando al amparo del estatuto recién concedido, en contradicción con  la administración foral, que Prieto conocía bien por haber sido diputado provincial de Vizcaya.

A Guipúzcoa y Vizcaya les suprimieron sus conciertos en 1937, inmediatamente de la liberación de Bilbao, como castigo por no haber secundado el Alzamiento. Flagrante injusticia, cuyas consecuencias las estamos pagando ahora. En efecto: los nacionalistas vascos utilizaron dicha supresión como elemento de propaganda. Los que defendemos  la españolidad de nuestras tierras nos quedábamos inermes ante sus argumentos. Todo lo que alegábamos en contra del nacionalismo, razones doctrinales e históricas, tenía menos importancia para la masa que la desdichada decisión. Pues ésta era más palpable y afectaba más a la masa, que las otras razones, solo alcanzables para las personas de cierto nivel cultural.

Tremendo error. Pues no creemos que sea forma de gobernar el castigar a unas provincias privándolas de su administración eficaz y sometiéndolas a otra que la experiencia presentaba como peor.

Los conciertos económicos son un privilegio. Pero no pueden dar lugar a un agravio comparativo. Dejarán de ser privilegios si se extienden a toda España. Y eso es lo que hay que hacer.

Aunque somos legos en Derecho Administrativo, tenemos unas ideas fijas; muy sencillas. Hay necesidades públicas que se pueden resolver a nivel municipal. Otras a nivel provincial y otras que afectan al estado. Lo lógico es que los recursos necesarios vayan directamente a la institución que ha de utilizarlos. No tiene ningún sentido que los recaude una hacienda estatal y luego los reparta entre las instituciones de menor rango. Lo único que con ello se consigue es que una parte importante se quede por el camino. Además que ello sí puede dar lugar a agravios comparativos, por la forma con que se hace el reparto.

Si las Vascongadas y Navarra gozan de una situación privilegiada, el sentido común pide extenderla a toda España. Por el contrario, el pensamiento liberal dominante exige la igualdad, haciendo que todos queden igualmente perjudicados.