viernes, marzo 11, 2016
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por Rodrigo Menéndez Piñar

En la situación actual la autoridad política es absoluta. No hay una referencia objetiva que la oriente, que la fundamente en unos principios propios de la naturaleza del hombre, que establezca su fin propio o los límites de su ejercicio. No hay una referencia objetiva porque el fundamento está puesto en la propia autoridad constituida, ya sea en sí misma, ya sea por delegación popular, y por eso es absoluta.


Sintetizando mucho podemos decir que con el Enciclopedismo y el Liberalismo, que triunfaron en la Revolución francesa y se extendieron por todo el mundo con las bayonetas de Napoleón, la concepción de la política y de su fin propio, el bien común, quedaron transformados en su misma esencia. Ya no sería propio de la política promover la virtud y el desarrollo de la naturaleza humana abierta a la gracia, sino más bien establecer una serie de pactos de derechos y deberes que en el mejor de los casos asegurasen el mutuo respeto de las libertades de cada uno. En el fondo se trataba de asegurar el ejercicio de las “libertades modernas” [1] como derecho de cada individuo. Para que esto pudiese ser aceptado por todos, necesitaba ser revestido con un lenguaje atrayente y aparentemente justo y digno del hombre, que mostrara la madurez de los nuevos tiempos. En el centro de este intento está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El principio básico del que parte esta política es la concepción de que el origen del poder está en el pueblo, y de que los gobernantes ejercen su potestad por delegación de éste. La potestad política tiene su origen en la voluntad popular.

De una u otra forma esta enseñanza está detrás de todos los movimientos llamados “laicistas” que se destacaron en el siglo XIX. Mucho lo sufrieron las antiguas naciones católicas. Pero la maldad de estos movimientos no está en su voluntad ateísta o en su intención antieclesíastica, sino en sus fundamentos aparentemente buenos. Prueba de ello es que el mismo Magisterio al condenar el liberalismo, advirtió que el más pernicioso era aquel llamado “liberalismo católico”, precisamente por la confusión que genera en los fieles [2]. La Iglesia siempre se opuso a las doctrinas liberales y recordó que la doctrina católica “pone en Dios, como en principio natural y necesario, el origen del poder político” [3].

En este artículo nos proponemos expresar sucintamente la doctrina verdadera acerca de la autoridad política. Para esto nos basamos en el orgánico desarrollo del Magisterio en los siglos XIX y XX que surge como respuesta ante la progresiva penetración del liberalismo en la sociedad. En un segundo momento pasaremos a analizar el fruto de estas doctrinas en dos de las declaraciones universales de derechos humanos, a las que apelan como argumento de autoridad legítima, tristemente, muchos católicos.

AUTORIDAD POLÍTICA
Por su naturaleza social, el hombre solo no puede alcanzar sus fines propios, tanto naturales como sobrenaturales. Necesita de esa unión y asociación con otros hombres para su propia perfección. Ahora bien, una sociedad no puede realizarse como una amalgama de individuos, una mera suma de hombres, en la que no exista una autoridad que dirija a la sociedad misma como ente social hacia sus fines propios. Es necesario que en la sociedad civil haya quienes gobiernen a la multitud. Solo así se conseguirá unir “las voluntades de cada individuo, para que de muchos se haga una unidad y las impulse dentro de un recto orden hacia el bien común” [4]. Contra esta doctrina, pacíficamente vivida por todas las sociedades, y defendida por la Iglesia como custodia del derecho natural, alzarán su voz los postulados liberales.

La Iglesia siempre ha defendido la igualdad de naturaleza de cada persona, sea hombre o mujer, pero a la vez ha afirmado la desigualdad que conlleva la jerarquía natural sobre la que se construye la sociedad. Jerarquía que comienza en la familia, en la que los hijos están subordinados a los padres, y que culmina en el Estado como ente perfecto, pasando por todo un arco de cuerpos intermedios que forman el tejido social. Sin estos cuerpos intermedios, el Estado se convierte en absoluto frente a los individuos desprotegidos, y comienza a determinar cómo debe ser la sociedad. Así se acaba construyendo una sociedad artificial guiada por el gobernante, y no es el gobernante la coronación de una sociedad desarrollada de manera natural y orgánica. Pero la sociedad es natural en el hombre y mediante ella consigue sus fines propios. Que sea natural quiere decir que tiene un origen divino, plasmado en la naturaleza del hombre y que no es fruto de un mero pacto social.

Sin embargo, como ya hemos apuntado, en la concepción liberal la sociedad es fruto de un pacto voluntario que hace el hombre. Desde el principio de inmanencia típico de esta mentalidad, se defiende que todos los hombres son iguales y libres, tienen los mismos derechos. El hombre es autosuficiente, y por tanto, deberá buscar el bienestar personal sin lesionar la fraternidad con los demás. Para asegurar esto deberá pactar socialmente y así asegurar el ejercicio de la propia libertad de cada individuo, que por derecho se gobierna a sí mismo.

“El principio supremo de este derecho nuevo es el siguiente: todos los hombres, de la misma manera que son semejantes en su naturaleza especifica, son iguales también en la vida practica.  Cada hombre es de tal manera dueño de sí mismo que por ningún concepto está sometido a la autoridad de otro. Puede pensar libremente lo que quiera y obrar lo que se le antoje en cualquier materia. Nadie tiene el derecho a mandar sobre los demás. En una sociedad fundada sobre estos principios, la autoridad no es otra cosa que la voluntad del pueblo, el cual, como único dueño de sí mismo, es también el único que puede mandarse a sí mismo. Es el pueblo el que elige a las personas a las que se ha de someter. Pero lo hace de tal manera que traspasa a éstas no tanto el derecho de mandar cuanto una delegación para mandar, y aun ésta sólo para ser ejercida en su nombre. Queda en silencio el dominio divino, como si Dios no existiese o no se preocupase del género humano, o como si los hombres, ya aislados, ya asociados, no debiesen nada a Dios, o como si fuera posible imaginar un poder político cuyo principio y fuerza y autoridad toda para gobernar no se apoyaran en Dios mismo” [5]

Según esta concepción se cierra la puerta a los fines propios de la política. No hay referencia al bien, ni a la virtud que perfecciona al hombre, y mucho menos a Dios al que se debe reconocimiento como firme cimiento de todo orden civil.

“Es la misma naturaleza la que exige a voces que la sociedad proporcione a los ciudadanos medios abundantes y facilidades para vivir virtuosamente, es decir, según las leyes de Dios […]. Por esto, es absolutamente contrario a la naturaleza que pueda lícitamente el Estado despreocuparse de esas leyes divinas […]. Además, los gobernantes tienen, respecto de la sociedad, la obligación estricta de procurarle por medio de una prudente acción legislativa no sólo la prosperidad y los bienes exteriores, sino también y principalmente los bienes del espíritu” [6].

Pudiera parecer que la exaltación del hombre que hace el liberalismo le lleva a su plenitud, o al menos a la plenitud que cada uno quiere para sí. La realidad es muy distinta. La voluntad popular se impone como norma sobre todos los individuos de la sociedad. Cerrado sobre sí mismo, el hombre sólo aspira a los bienes perecederos según el capricho de su voluntad, suponiendo su bondad innata al estilo de Rousseau. Presa de las malas inclinaciones del pecado original y habiendo cerrado la puerta a la gracia, el mejor papel que jugará la autoridad es mantener una cierta estabilidad evitando el conflicto de intereses personales de los individuos. Además, precisamente por la inclinación al mal, la autoridad tenderá a controlar las decisiones del pueblo para oritentarlas a su favor, y a la vez intentará cubrir las necesidades de las personas para evitar la protesta. Unido a la globalización, todo esto supondrá la dirección del Mundo según los poderosos, y el hombre reducido a animal, pues come y duerme, pero no busca ni la virtud, ni el bien, ni el bien último y definitivo, Dios mismo.

DECLARACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS [7]
Todo lo dicho hasta ahora puede resultar algo evidente e incluso burdo. Por la manera de presentarlo, a ningún cristiano se le ocurriría defender las tesis liberales. Sin embargo, desgraciadamente esto no es así. Vamos a ver brevemente dos grandes documentos considerados cimas de la madurez e iluminación del hombre, en los que por fin se superan las antiguas supersticiones subyugantes del pasado, y se alza bien alto el estandarte de la libertad. Documentos a los que se apela como dogmáticos.

En 1789 se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente francesa. Representa uno de los grandes y genuinos hitos de la humanidad madura y adulta, y uno de los excelentes frutos de la Revolución francesa, incluso para aquellos que condenan toda violencia provocada en esos años turbulentos. En su artículo 3º dice: “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella”. Este principio nos coloca directamente en la doctrina liberal, de la cual se sigue que la autoridad está en la soberanía popular. La única referencia objetiva para legislar y gobernar es precisamente la voluntad subjetiva de la Nación, teóricamente fundada en la voluntad popular, pero en la práctica dirigida por los intereses de unos pocos. Si con una autoridad bien constituida, conforme a la ley natural, es fácil tender al abuso de poder, cuánto más cuando lo haces como “legítimo” ejercicio de la potestad. Esto significa la justificación jurídica para conducir a las personas por dónde y cómo uno quiera.

En 1948, después de la tremenda convulsión que produjo la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre como conjunto de principios y normas que dan garantía a la persona frente a los poderes públicos. La influencia en la política internacional y nacional es inmensurable [8]. Este gran documento, sublime cumbre de las aspiraciones del hombre por la paz y la justicia, por la libertad, igualdad y fraternidad, por la solidaridad, el talante y la ciudadanía, dice en su artículo 21, 3 [9]: “La Voluntad del Pueblo es la base de la autoridad del poder público […]”. De nuevo, con este principio director, todo lo demás quedará relativizado. No cabrá afirmación verdadera por naturaleza, sino que dependerá de lo considerado por la voluntad popular ejercida a través de los gobernantes. Ya puede la ley establecer que toda persona tiene derecho a la vida, que toda sentencia quedará interpretada a partir del principio liberal.

Estos hechos no son conjeturas posibles, sino que los hemos sufrido y los seguimos sufriendo. Sin una referencia a la ley natural, sin un principio objetivo del que se desarrollen disposiciones para la vida de la sociedad, es imposible que el fin propio de la política, el bien común, se alcance. Sin una justificación en la naturaleza, en las leyes de Dios, ¿en virtud de qué se va a legislar? Teóricamente será el consenso universal de todos mediante la participación democrática. Nada impedirá ir contra el bien y defender el mal. Análogamente a como el hombre tiene necesidad moral de la fe para conocer todas las verdades naturales y tiene necesidad moral de la gracia para hacer siempre el bien evitando la tentación, la sociedad necesita de la ley divina para vivir conforme a la virtud. El fin mismo de la sociedad se verá tergiversado, más pronto que tarde, si no hay referencia a Dios y a su ley. El mito de la sana laicidad es falso, es el mayor engaño político. La democracia cristiana es disolvente y el estado laico-cristiano una ilusión envenenada.

“Sobre la fe en Dios genuina y pura se funda la moralidad del género humano. Todos los intentos de separar la doctrina del orden moral de la base granítica de la fe, para reconstruirla sobre la arena movediza de normas humanas, conducen, pronto o tarde, a los individuos y a las naciones a la decadencia moral. […]El solidarizar la doctrina moral con opiniones humanas, subjetivas y mudables en el tiempo, en lugar de anclarlas en la santa voluntad de Dios eterno y en sus mandamientos, equivale a abrir de par en par las puertas a las fuerzas disolventes. Por tanto, fomentar el abandono de las directrices eternas de una doctrina moral para la formación de las conciencias y para el ennoblecimiento de la vida en todos sus planos y ordenamientos, es un atentado criminal contra el porvenir del pueblo, cuyos tristes frutos serán muy amargos en las generaciones futuras” [10]

REFLEXIÓN OBLIGADA EN LA SITUACIÓN ECLESIAL ACTUAL
Después de lo dicho, queda claro que el fundamento de la autoridad política en la doctrina liberal es la voluntad popular. La doctrina católica es bien distinta, pues pone el origen de la autoridad en Dios mismo, es decir, en el orden querido por Dios en la naturaleza. Este punto, siendo uno de los pilares de la concepción social del hombre, no es el único que está envenenado. En su conjunto, la doctrina expresada en las declaraciones es fiel reflejo de la doctrina liberal, que es incompatible con la doctrina verdadera custodiada por la Iglesia. En muchas de sus sentencias, el lenguaje es aun más engañoso, dado el contexto social en que vivimos. Sin embargo, está claro que exponen toda una concepción del hombre y su libertad, de la sociedad, de la naturaleza, de la visión filosófica y teológica de la historia, de la moral, etc. totalmente contraria a la visión católica. Esta visión fue combatida por el magisterio de Gregorio XVI, del Bto. Pío IX, de León XIII, de San Pío X, de Pío XI…por citar a los más representativos.

Después del Concilio Vaticano II, en la praxis, muchas de las doctrinas llamadas “tradicionales” han sido abandonadas por no ser acordes con la situación actual. Habría que preguntarse si esto es legítimo, pues el mismo Magisterio que hemos citado es claro en la permanencia de los principios fundamentales que expone, no susceptibles de invalidez según los tiempos que corran. Aunque los tiempos sean adversos no por eso hay que congraciarse con tales doctrinas liberales, sino, como decía Pío XI

“cuanto mayor es el indigno silencio con que se calla el dulce nombre de nuestro Redentor en las conferencias internacionales y en los parlamentos, tanto más alta debe ser la proclamación de ese nombre por los fieles y la energía en la afirmación y defensa de los derechos de su real dignidad y poder” [11].

La valoración positiva (pese a sus reservas que no quedan claras) que se lleva haciendo de la última declaración de 1948 por parte de la autoridad eclesiástica, y recogida en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, favorece la confusión y la imposibilidad de reconstruir la Ciudad Católica en sus verdaderos fundamentos. Se entiende la “diplomacia de supervivencia”, pero los principios sobre los cuales se cree poder construir solo llevan, tarde o temprano, a la perdición. Habría que preguntarse si la Realeza Social de Jesucristo es lo mismo que la Civilización del Amor; si la constitución católica de los Estados es lo mismo que la “sana laicidad”; si, en fin, el Magisterio citado en su valoración social y política, siguiendo el actuar de la Iglesia desde siempre [12], continúa siendo vinculante, o si por el contrario, debemos con-formarnos con la situación hodierna. Innumerables católicos, en sus ansias por trabajar en el campo social y político, parten desde los postulados liberales aun sin darse cuenta.

Podemos encontrar, de manera sintética, la visión de la Iglesia ante el liberalismo en el famoso Syllabus [13] del Bto. Pío IX, junto con la encíclica que lo acompañaba Quanta Cura. La conciliación de la actuación de la política eclesial con la visión actual, incluyendo las citadas acerca de la valoración de la Declaración universal, no deja de plantear sus dificultades. No entraremos en un tema que ha hecho correr ríos de tinta. Tan sólo, como muestra de la confusión reinante, citamos un testigo de interés por ser considerado por muchos católicos como figura eminente de la ortodoxia católica. El entonces cardenal Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dijo comentando los textos del Concilio Vaticano II (a título personal como teólogo, en el que hace una valoración positiva del cambio político en el magisterio):

“Si se desea emitir un diagnóstico global sobre este texto [Gaudium et Spes], podría decirse que significa (junto con los textos sobre la libertad religiosa [Dignitatis Humanae] y sobre las religiones mundiales [Nostra Aetate]) una revisión del Syllabus de Pío IX, una especie de Antisyllabus. […] Contentémonos aquí con la comprobación de que el documento [Gaudium et Spes] juega el papel de un Antisyllabus y, en consecuencia, expresa el intento de una reconciliación oficial de la Iglesia con la nueva época establecida a partir del año 1789.” [14]

No toca a este artículo entrar a analizar la solución al gran problema político moderno en el magisterio. Lo que sí hacemos es lo que en las grandes crisis de la historia el corazón de los cristianos solo acertaba a exclamar: ¡Veni, Domine Iesu!… aunque hoy añadimos: ¡Sed festina!






[1] Nos referimos a todas las reivindicaciones que, en nombre de la libertad, se vienen defendiendo desde la Ilustración: libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad de opinión, etc. Véase a modo de ejemplo sintético LEON XIII, Libertas praestantissimum, nn. 15-22. [Citamos según la numeración de Doctrina Pontificia II. Documentos políticos, Madrid (BAC) 1958.]
[2] Cf. LEÓN XIII, Libertas praestantissimum, n. 14
[3] LEÓN XIII, Diuturnum illud, n. 3
[4] Ibíd. n. 7.
[5] LEÓN XIII, Inmortale Dei, n. 10.
[6] LEÓN XIII, Libertas praestantissimum, n. 14
[7] Haremos referencia solamente, por motivos de brevedad y de importancia histórica, a las declaraciones de 1789 y 1948.
[8] Cf. Constitución Española de 1978, art.10, 2.
[9] Más camuflado que en la anterior declaración, el principio fundante de la autoridad es el mismo. Los efectos nocivos los mismos, por mucho que se presente bajo capa de realización de cada hombre en virtud de su participación política en el sufragio.
[10] PÍO XI, Mit brennender sorge, n. 34
[11] PÍO XI, Quas primas, n. 13.
[12] “La Iglesia ha procurado siempre que esta concepción cristiana del poder político no sólo se imprima en los ánimos, sino que también quede expresada en la vida pública y en las costumbres de los pueblos. Mientras en el trono del Estado se sentaron los emperadores paganos, que por la superstición se veían incapacitados para alcanzar esta concepción del poder que hemos bosquejado, la Iglesia procuró inculcarla en las mentes de los pueblos, los cuales, tan pronto como aceptaban las instituciones cristianas, debían ajustar su vida a las mismas” LEÓN XIII, Diuturnum illud, n. 14
[13] Su última proposición condenada se toma como el resumen de todo el documento: “El Romano Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna” PÍO IX, Syllabus, n. 80.
[14] JOSEPH RATZINGER, Teoría de los principios teológicos, Barcelona (Herder) 1985, pp. 457-458.

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